La nueva Ley de Contratos del Sector Público entró en vigor el pasado 9 de marzo. Esta nueva norma supone un avance en materia de contratación pública responsable, ya que incluye criterios sociales y medioambientales a la hora de otorgar la adjudicaciones de contratos públicos y hace que ya no sea únicamente el coste más barato lo que importe.

Desde la iniciativa #ContrataResponsable, se ha publicado un comunicado por motivo de la entrada en vigor de la nueva ley, en el que se explica el proceso que ha llevado hasta ella y cuáles son sus novedades, y se manifiesta la voluntad de continuar trabajando por una contratación pública responsable que tenga en cuenta la calidad del servicio y su impacto social y medioambiental.

Estos días leíamos en prensa como el día anterior a la entrada en vigor de la Ley el Estado multiplicó por diez sus licitaciones: ministerios y comunidades autónomas convocaron 456 contratas, cuando un día normal no pasan de 40, con la intención de acogerse a la anterior legislación, menos exigente en cuanto a derechos laborales, transparencia, morosidad e impacto medioambiental.

Este hecho demuestra que aún queda trabajo por hacer para concienciar sobre la necesidad de la #contrataResponsable, un camino que con la nueva Ley se vuelve algo más sencillo.