Más de 150 organizaciones europeas, sindicatos y movimientos sociales que trabajan para poner fin a la impunidad corporativa de las empresas transnacionales han puesto en marcha una campaña en contra del ISDS – el mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados, un sistema de justicia paralelo, unilateral y a favor de las empresas transnacionales.
El ISDS es una amenaza global. Socava la democracia, los derechos humanos, el estado de derecho, las protecciones medioambientales, la salud, la igualdad de género, los servicios públicos y los derechos laborales y de los consumidores.
Hace apenas tres años este movimiento fue clave para parar el TTIP, el tratado de comercio e inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea. No fue fácil. Se consiguió 3,3 millones de firmas. Cientos de miles de personas protestaron en las calles. Se opusieron a las grandes multinacionales, a sus grupos de presión, a los 28 gobiernos de la UE y a la Comisión Europea. ¡Y se ganó!
Ahora, tenemos que hacerlo otra vez para enterrar el ISDS, una de las partes más peligrosas del TTIP. En los últimos tres años, este sistema ha sufrido un enorme desprestigio. Ahora, por primera vez, tenemos la oportunidad de deshacernos de él para siempre. Se acaba de lanzar una campaña europea contra el ISDS y para exigir responsabilidades a las empresas transnacionales por la violación de Derechos Humanos.
ISDS son las siglas en inglés de ‘Solución de conflictos inversor-Estado’. El ISDS es un sistema de arbitraje paralelo y oscuro al que sólo pueden acceder las grandes multinacionales. Sirve para demandar a los Estados y obstaculizar con ello nueva legislación dirigida a proteger a las personas y al planeta. Sin embargo, las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por dichas empresas no logran acceder a la justicia.
Algunos casos de ISDS son muy conocidos, como la demanda de Vattenfall contra Alemania, a la que pide 5.000 millones de euros por su decisión de abandonar la energía nuclear en 2020. Cantidad que tendrán que pagar los y las contribuyentes alemanas. El Estado español es ahora mismo el país de la Unión Europea que más demandas acumula ante tribunales de arbitraje, lo que podría traducirse en la pérdida de miles de millones de euros de dinero público para la defensa legal y el pago de indemnizaciones a los inversores.
Un ejemplo de esto es la demanda de la empresa minera canadiense Edgewater contra el Reino de España por cancelar la licencia de explotación de una mina a cielo abierto en Corcoesto (Galicia) invocando un tratado bilateral de inversiones España-Panamá, socavando con ello el derecho a la defensa del medioambiente y la salud del pueblo gallego. Pero existen muchos otros casos escandalosos que no están recibiendo tanta atención mediática, y se siguen firmando nuevos tratados que contienen este sistema privado de “justicia”.
Para acabar con el ISDS tenemos que oponernos a la firma de nuevos tratados y deshacernos de los existentes. ¡Debemos defender los derechos de las personas y exigir normas vinculantes para las multinacionales! ¡El ISDS tiene que desaparecer! Y 2019 es el año para hacerlo realidad.
Si quieres contribuir a esta campaña, firma aquí la petición.
Para más información consulta este enlace.
PD: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que los Estados miembros de la UE deben suspender todos los tratados bilaterales firmados entre ellos que contengan el ISDS. Esto es un gran paso adelante en esta lucha. ¡Y esta campaña ha ayudado a conseguirlo! Pero no es suficiente. El ISDS sigue existiendo en muchos otros tratados con terceros países. Vamos a incrementar la presión para acabar con los acuerdos de inversión que contengan ISDS y evitar que se firmen nuevos en el futuro.
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