La Red de Economía Social y Solidaria de Aragón (REAS) ha querido expresar su malestar en relación al texto de Ley de Economía Social presentado por el Departamento de Economía del Gobierno de Aragón para su información pública. Dentro del plazo establecido, se han presentado al anteproyecto de ley las oportunas alegaciones, las cuales se explican y desarrollan más abajo, así como en los archivos adjuntos recogidos.

REAS ha hecho un llamamiento a sus entidades y a las redes cercanas para mantener la atención en esta reclamación, a la vez que insta a los grupos políticos en Cortes de Aragón a realizar los cambios oportunos para que la ley sea eficiente, representativa y plural. En esencia, el descontento de REAS y otras entidades de Economía Social se centra en:

  • la falta de canales de participación para el tejido de la Economía Social.
  • la falta de presupuesto y mecanismos de control en la ley.
  • la interpretación simplista de la Economía Social y de sus entidades.
  • el concepto socioeconómico que subyace a la redacción propuesta.

La mayor preocupación de REAS es que la ley resulte de nula utilidad, que se use para desvirtuar conceptos centrales de la Economía Social como la democracia de las organizaciones y sus compromisos medioambientales y sociales, y que suponga una oportunidad para extender desencanto e impotencia ante un modelo socioeconómico del que apenas unas pocas organizaciones y menos personas aún extraen beneficio. En opinión de la Economía Solidaria, no puede perderse con esta ley la oportunidad de formular al menos los mínimos indispensables para facilitar el desarrollo de modelos alternativos al protagonismo exclusivo del capital en la economía. Más aún en el contexto actual, las personas deben recuperar el lugar central de la actividad económica y las instituciones deben necesariamente dar pasos que favorezcan el bienestar, la justicia social y los valores democráticos. 

La postura de REAS Aragón está concretada en estos textos de reciente publicación:

Además, subrayamos nuestra disponibilidad para atender las peticiones de información de los medios de comunicación y los grupos políticos que así lo deseen. Para ello, podéis contactar con REAS a través de sus contactos habituales.

LA LEY ARAGONESA DE ECONOMÍA SOCIAL NACE CON ASPECTOS MUY MEJORABLES

REAS Aragón presenta varias alegaciones al anteproyecto de ley y crítica el fondo del texto propuesto junto a varios de los artículos redactados por el Departamento de Economía.

Las carencias de la ley podrían lastrar el desarrollo de la Economía Social y afectar a más de 20.000 personas, 5.000 organizaciones y el 6,7% del PIB regional.

La Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón (REAS Aragón) registró, a principios de enero y dentro del plazo establecido para ello, varias alegaciones al anteproyecto de Ley de Economía Social de Aragón presentado al Consejo de Gobierno por el Departamento de Economía el pasado mes de noviembre. De esta forma, desde REAS pretendemos que se introduzcan las modificaciones necesarias en el texto antes de su aprobación en Cortes de Aragón para que nuestra comunidad disponga de una ley con capacidad de actuación, eficiente, representativa y plural. Según estimamos, la propuesta actual presenta algunas carencias importantes que lastrarán el desarrollo de la Economía Social en Aragón en el caso de aprobarse una ley basada en el anteproyecto tal y como ha sido redactado.

Con estas líneas, queremos dar a conocer a la ciudadanía aragonesa, a través de los medios de comunicación, la importancia de esta ley, las implicaciones de su redacción actual y las posibilidades de impacto social mediante su mejora, además de expresar cierto malestar por cómo resuelve cuestiones clave el anteproyecto finalmente presentado por la consejería de Marta Gastón. El marco legal de la Economía Social en Aragón afectará a más de 5.000 organizaciones (el 5,6% del total de las empresas aragonesas, según el último informe de la cátedra de Economía Social de la Universidad de Zaragoza) y a cerca de 20.000 personas de manera directa, las cuales generan más de 2.500 M€ (el 6,7% del PIB de la región en 2018). Una ley deficiente, incompleta o sin utilidad real repercutirá, negativamente sin duda, en estos y otros indicadores, en la calidad del empleo dentro de este entorno profesional y en el crecimiento de un sector que ha sido calificado por Naciones Unidas como “una de las prioridades en las políticas de reconstrucción global para poder conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030”.

Una ley de “todo revuelto”

La Economía Social engloba bajo su denominación a una gran diversidad de “familias”: cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo, asociaciones, fundaciones, etc.; unidas todas ellas por unos principios básicos en común que implican la primacía de las personas sobre el capital, la organización a partir de estructuras transparentes y democráticas, igualitarias y participativas; la distribución equitativa y responsable de los beneficios; y la preocupación por la sostenibilidad medioambiental, la inserción social, el compromiso solidario y el desarrollo local. La ley aragonesa de Economía Social, en su redacción actual, no solo convierte a estas familias en un “todo revuelto” en el que los mismos criterios valen para una fundación ligada a una gran empresa que para una cooperativa de enseñanza o una iniciativa de inserción para personas con discapacidad. Además, pone en peligro la esencia democrática de la Economía Social al igualar a todas ellas por su objeto social, sin establecer diferencias relacionadas con la transparencia de sus estructuras, las posibilidades de participación en sus decisiones o el destino final de sus beneficios. Es decir, la Ley de Economía Social pretende ofrecer igual trato a esa fundación ligada a una gran entidad financiera que a la oenegé que desarrolla un programa de intervención contra el hambre en los barrios más pobres de Zaragoza, a una entidad dirigida a golpe de dedo y reparto de beneficios que a una cooperativa en la que cada persona significa un voto y que reinvierte hasta a su último excedente en mejorar equipos, servicios y condiciones laborales. La “manga ancha” de la redacción de esta ley supone que se tratará como Economía Social a empresas que incumplen las características requeridas en el resto de Europa, cuando lo deseable sería favorecer las buenas prácticas y apoyar los avances hacia la democratización de la economía en todos sus niveles.

Economía Social sin la Economía Social

El anteproyecto presenta otra grave carencia al no definir un verdadero Plan de Impulso de la Economía Social y contentarse con actuar, “con especial atención”, sobre algunas entidades de Economía Social, lo que no debería ser el objetivo principal de la política pública, al menos en su nivel legislador. Además de esta desviación del foco de atención (truco de magia o pase de prestidigitador), la ley evita una definición clara de objetivos de este plan, un respaldo presupuestario o una periodicidad en sus revisiones. Más grave aún es que este plan se realice sin la intervención de las entidades de Economía Social, que serán informadas de su existencia sin posibilidad de intervenir sobre él a través de mecanismo alguno. La redacción y revisión de este plan es una reivindicación ya vieja de las entidades de Economía Social que, salvo enmienda, se quedarán fuera de él: a nuestro juicio, así se convierte en poco más que papel mojado toda declaración anterior en el texto legal sobre democracia, participación, responsabilidad y transparencia. Todo para la Economía Social, declaran; pero sin la Economía social, podemos añadir a la vista de la propuesta.

El propio Consejo de la Economía Social es un organismo cuya institución puede ponerse en entredicho, ya que la representación de las familias de la Economía Social se limita a menos de un tercio: 7 miembros de 25. Solicitamos en las enmiendas presentadas la ampliación de esta participación que, entre otras cosas, deja sin voz a más de 1.000 empresas cooperativas, la familia más numerosa de la Economía Social aragonesa. También nos parece importante definir una obligatoriedad mínima para sus reuniones, a la vez que indicar de manera mucho más precisa algunas de sus funciones, como el seguimiento del Plan de Impulso, evitando así que se convierta en un espacio meramente formal y, a la larga, en un órgano sin capacidad real de actuación y, por tanto, inútil.

Para que a nadie incomode

Otros puntos que desde REAS consideramos que merecerían mayor atención en la ley tienen que ver con la concepción del emprendimiento y la innovación social, la lucha contra el desempleo, la reserva de contratos públicos que garantice el acceso de las entidades de Economía Social a espacios de colaboración con la administración, los mecanismos de control sobre las acciones y los protagonistas, o el papel de las asociaciones sin actividad económica directa pero con relevancia en el entorno de la Economía Social. El compromiso con el medio ambiente y el mundo rural también deja mucho que desear, pero es que, de fondo, aunque este anteproyecto quiera hablar de modelo socioeconómico, se autolimita a buenas palabras y esperanzas que contenten a todas sin incomodar a nadie, esquivando la posibilidad de hacer una propuesta alternativa de calado ciertamente socioeconómico o, cuando menos, de extraer de las propias fuentes de inspiración que se citan (Agenda 2030 de Naciones Unidas, Comisión, Parlamento y Unión Europea) una concepción de la Economía Social que vaya más allá de adornar con etiquetas y sellos a algunas empresas. Para que la Economía Social desarrolle las transformaciones socioeconómicas para las que nació, capaces de mejorar nuestras condiciones de vida, nuestras relaciones y el entorno en el que una y otras se (re)producen, su marco legislativo debería entenderla como una herramienta con la que favorecer la solución de las emergencias económica, climática y social, en lugar de contemporizar para hacerle un hueco de compromiso dentro de un sistema capitalista e insolidario cuyo modelo no se pone en duda a pesar de las sólidas pruebas que existen en su contra.

El impulso de modelos económicos transformadores ofrece posibilidades de mejora social: facilita la cohesión, distribuye con mayor equidad, se centra en el cuidado de las personas que la protagonizan y, sobre todo, funciona y hace funcionar desde bases democráticas, algo de lo que carece la economía actual y que es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de sociedades justas, libres y sanas. Acompañada de una ley adecuada, la Economía Social es capaz de convertirse en un motor económico integrador y plural, abierto a la participación y lo bastante flexible como para compartir espacio con otros enfoques. El anteproyecto presentado supone desperdiciar la ocasión de que Aragón se asome a un futuro en el que importan las personas, todas ellas, y el cuidado del medioambiente, en línea con Europa, Naciones Unidas y tantas voces que reclaman una salida inmediata del neoliberalismo como primer punto para terminar con las enormes desigualdades, con la explotación cada vez más extendida para el beneficio de esa élite fuera de toda ley humana.

Expresamos para finalizar el malestar de REAS y sus entidades hacia un Departamento de Economía que, tras abrirnos la puerta, nos deja fuera con la sensación de habernos esforzado para poco. A la vista del texto, no hemos sabido explicarnos o no se ha querido entendernos, quizás porque hay otros intereses en juego que prefieren dejar todo como está y limitan las opciones a promulgar papel sin efectividad, camuflando tras buenas palabras para todas el habitual trabajar para las mismas estructuras excluyentes que permiten el lucro localizado de unas pocas. No es esta la ley que esperábamos, ni la que queremos. Confiamos todavía en que se rectifique a través del período de alegaciones y podamos seguir creyendo que este es un gobierno regional con autonomía, de corte progresista y preocupado por la gente, por toda la gente.

[imagen: Edificio Pignatelli. Atribuida a WilltronWikimedia, bajo licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.]

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